Desde la entrada en vigor del RGPD en 2018, las reclamaciones transfronterizas han representado uno de los mayores retos para ciudadanos, empresas y autoridades.
Una reclamación transfronteriza es una reclamación relacionada con la protección de datos que involucra a autoridades de distintos Estados miembros, normalmente porque el reclamante y el responsable del tratamiento se encuentran en países diferentes, o porque el tratamiento afecta a personas en varios Estados miembros.
La ausencia de criterios homogéneos y la complejidad de la cooperación entre la autoridad líder y las autoridades interesadas generaban retrasos significativos, criterios divergentes y una carga administrativa elevada.
Con el objetivo de corregir estas ineficiencias, el Consejo de la Unión Europea aprobó el 17 de noviembre de 2025 una nueva regulación destinada a agilizar y armonizar el tratamiento de las reclamaciones transfronterizas en materia de protección de datos personales.
A continuación, resumimos los puntos clave de esta reforma:
Por primera vez, todas las autoridades europeas aplicarán los mismos criterios para determinar si una reclamación es admisible. Esto aporta mayor coherencia y previsibilidad tanto para ciudadanos como para empresas.
Se refuerzan las garantías procesales de todas las partes:
La nueva norma introduce una vía más ágil para aquellos expedientes que no requieren una cooperación extensa entre autoridades, reduciendo tiempos y carga administrativa.
El RGPD contará por primera vez con plazos definidos para procedimientos transfronterizos:
Se permite cerrar un caso antes de activar el procedimiento formal cuando:
Este mecanismo ayudará a reducir litigios y permitirá que autoridades y empresas concentren recursos en los casos realmente relevantes.
En caso de desacuerdo entre autoridades de protección de datos sobre un caso transfronterizo, se aplicará el mecanismo de coherencia del RGPD, permitiendo que la autoridad líder o el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) emitan una decisión vinculante. Esto asegura:
La reforma aporta más agilidad y claridad, pero también introduce nuevos desafíos:
La regulación entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y será aplicable 15 meses después.
Las empresas deberán revisar y ajustar sus políticas y procedimientos de protección de datos para alinearse con las nuevas reglas y garantizar una cooperación ágil y eficaz con las autoridades de protección de datos.