El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley para la reducción máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión digital

Reducción de la jornada ordinaria de trabajo

El principal objetivo del Anteproyecto es la reducción de la jornada máxima de trabajo, en concreto se establece que:

• La duración máxima de la jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

• Para aplicar esta reducción de jornada, las comisiones negociadoras de los convenios colectivos con jornadas superiores a las 37,5 horas semanales tendrán hasta la fecha 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus acuerdos a dicha jornada.
  

• Los contratos a tiempo parcial con una jornada igual o superior a 37,5 horas semanalesde promedio se convertirán en contratos de trabajo a tiempo completo a partir de la aplicación de la nueva jornada legal. En caso de contrato a tiempo parcial con jornadas inferiores a 37,5 horas, seguirán realizando el mismo número de horas de trabajo, pero tendrán derecho al incremento proporcional de su salario. 

• Las personas trabajadoras con reducción de jornada tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo, aplicándose igualmente el incremento proporcional de su salario. Alternativamente, podrán adaptar su reducción de jornada a la nueva jornada legal, comunicándolo a la empresa con 15 días de antelación.

Registro de jornada

El Anteproyecto introduce también modificaciones relevantes respecto del registro de jornada:

• El registro diario de jornada deberá ser realizado por medios digitales, y garantizar su objetividad, fiabilidad y accesibilidad. Para ello:

• Las personas trabajadoras practicarán los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada, así como las interrupciones, sin que la empresa pueda condicionar el contenido del registro.

• El registro debe identificar a la persona trabajadora que lo realiza y las modificaciones de los asientos, y deberá garantizar la interoperabilidad que permita su acceso remoto por la Inspección de Trabajo y la representación legal de las personas trabajadoras.

• Los registros deberán conservarse durante cuatro años y estar disponibles para las personas trabajadoras, sus representantes y la Inspección de Trabajo.
  
  
• El régimen de organización y funcionamiento del registro se podrá establecer mediante negociación colectiva o, en su defecto, decisión de la empresa previa información y consulta con la representación legal de las personas trabajadoras.

Derecho a la desconexión digital

Por otro lado, el Anteproyecto desarrolla el derecho a la desconexión digital regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales, señalando que:

• El derecho a la desconexión digital se concreta en la ausencia de toda solicitud de realizar una prestación laboral y ausencia de comunicación de la empresa o terceros con relación comercial con la empresa, con la persona trabajadora por cualquier medio digital, así como el derecho a no estar localizable fuera de su horario de trabajo.

• Se trata de un derecho irrenunciable. El rechazo o no atención de la comunicación fuera de la jornada laboral no podrá generar consecuencias negativas, represalias o trato menos favorable.

• La negociación colectiva definirá las modalidades del ejercicio, medios y medidas adecuadas para garantizar el derecho a la desconexión digital, y las excepciones cuando concurran circunstancias excepcionales justificadas.

Nuevo régimen sancionador

Por último, el Anteproyecto introduce importantes cambios en el régimen sancionador relacionado con el tiempo de trabajo:

• El incumplimiento de las obligaciones sobre el registro de jornada se considerará una infracción por cada persona trabajadora afectada en casos de ausencia de registro o falsificación de datos.

• Los incumplimientos en materia de organización y tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se considerarán infracciones graves, o muy graves cuando impliquen un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

• La sanción de las infracciones graves en materia de tiempo de trabajo se incrementa a multas entre 1.000 y 10.000 euros (en lugar de 751 a 7.500 euros).